Reformas al sistema penal juvenil en Ecuador: ¿Seguridad vs. derechos de la adolescencia?

Autor: Análisis Legislativo EC

El 25 de junio de 2025, Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye polémicas reformas al sistema de justicia para adolescentes. Estas medidas, impulsadas tras un aumento del 17% en homicidios de jóvenes (15-19 años) durante 2024, han generado un intenso debate entre defensores de "mano dura" y organismos que alertan sobre graves retrocesos en derechos humanos.

El núcleo del endurecimiento penal

La reforma introduce cambios radicales:

- Penas máximas ampliadas: De 8 a 10 años de privación de libertad para delitos graves.

- Procesos acelerados: Reducción de plazos para audiencias, limitando el derecho a defensa técnica.

- Registro en antecedentes penales: Inclusión de condenas juveniles en registros permanentes, afectando futuras oportunidades laborales y educativas.

UNICEF ya calificó estas medidas como "regresivas y contrarias a la justicia restaurativa", señalando que "criminalizan la pobreza y vulneran la doctrina de protección integral de la niñez".

El contexto: Adolescentes entre el crimen y la violencia

Las cifras oficiales revelan una crisis compleja:

- El reclutamiento forzado por narcotraficantes aumentó un 40% en zonas fronterizas (Datos: Fiscalía, 2024).

- 7 de cada 10 adolescentes judicializados abandonaron la escuela antes de los 14 años.

- Solo el 12% de centros de detención juvenil cuenta con programas educativos certificados.

"Endurecer penas sin atacar las causas es como poner curitas en una herida infectada", advierte María Soledad Corrales de la ONG Derechos Infancia Ahora.

Las alternativas ignoradas

Organizaciones sociales proponen soluciones basadas en evidencia:

1. Prevención territorial: Programas comunitarios en barrios con alta incidencia delictiva, como el modelo "Jóvenes Sin Fronteras" que redujo reclutamiento en Guayaquil un 30%.

2. Reinserción real: Educación técnica vinculada a empleo y acompañamiento psicosocial.

3. Fiscalías especializadas: Investigación de redes criminales que explotan menores, no solo persecución a adolescentes.

El fracaso de modelos punitivos: Lecciones regionales

- El Salvador: Tras 20 años de políticas similares, la reincidencia juvenil supera el 60% (Fuente: BID, 2024).

- Colombia: La Corte Constitucional anuló en 2023 leyes de endurecimiento penal adolescente por violar la Convención de Derechos del Niño.

Conclusión: Un camino bifurcado

Mientras el gobierno insiste en que "la seguridad exige medidas drásticas", expertos recuerdan que:

- El cerebro adolescente no está plenamente desarrollado: La neurociencia confirma menor capacidad para evaluar consecuencias (Estudios: Universidad San Francisco, 2024).

- Cada dólar invertido en prevención ahorra $7 en seguridad (CEPAL, 2023).

La reforma ecuatoriana enfrenta ya recursos de inconstitucionalidad. Su destino definirá si prevalece el enfoque de seguridad ciudadana basado en derechos, o se repite la historia fallida de políticas que solo llenan cárceles de jóvenes sin futuro.

> "Cuando un adolescente comete un delito, la sociedad falló primero. Castigar sin reparar ese fracaso es doble injusticia"

> Carlos Izurieta, exjuez de la Corte Interamericana de DDHH